La iniciativa fue sancionada el 4 de junio y establecía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

El texto publicado en el Boletín Oficial dice que “el proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen”.

Por otro lado, explica que al subsidio otorgado por nación se han inscripto 37.546 damnificados y se abonaron 32.076, lo que implica un 85,43%.

Los 3962 casos restantes aún están en revisión, de allí 2092 corresponden a personas que deben cargar una nueva factura para poder acreditar los requisitos esenciales para acceder al beneficio, motivo por el cual el Ministerio de Seguridad “ya ha tomado medidas y se diseñó un camino de subsanación”.